1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?

De cualquier forma, la Ley 1689 promulgada por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada debía ser abrogada y dar paso a una nueva política sobre los hidrocarburos. Esta Ley había cumplido ya su propósito, que era atraer inversiones que aumentaran el potencial gasífero del país, a fin de poder cumplir el compromiso de venta por veinte años al Brasil.	El SÍ a la pregunta es “la llave” que abre una nueva era en la industria hidrocarburífera, en la que no solamente se buscará atraer inversiones del extranjero, como en el pasado, sino mejorar el beneficio de Bolivia. Una industria saludable no sólo requiere de condiciones económicas, sino de consenso social para prosperar.	El SÍ a la pregunta uno muestra el rechazo definitivo del pueblo boliviano a la política entreguista del neoliberalismo, que en la Ley 1689 cedió la soberanía del país sobre los hidrocarburos. Debe interpretarse como un rechazo, también, a los contratos con las transnacionales petroleras a los que dio paso esta Ley.

2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?

Apunta a quitarle competitividad a las empresas petroleras que firmen acuerdos, de aquí en adelante, con el Estado boliviano. Éstas yo no podrán afirmar que son propietarias de la producción de hidrocarburos para obtener financiamiento en los mercados de capitales. Esto es una lástima, tomando en cuenta que la propiedad sobre la producción de los hidrocarburos en ningún caso estaba prohibida por la ley ni implicaba propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, que son los que la Constitución declara de “propiedad imprescriptible del Estado”. Es importante que la respuesta SÍ a la pregunta dos no afecte los contratos ya firmados con las petroleras (y que les conceden la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo).	Es un gran paso para recuperar la soberanía boliviana sobre los hidrocarburos. Es una “nacionalización” inteligente. El triunfo de esta respuesta permitirá que YPFB controle la producción, los precios y los procedimientos de distribución de hidrocarburos, de modo que pueda vigilar lo que hacen las empresas transnacionales, impedir que se cobren precios especulativos y controlar las exportaciones desde el punto de vista del interés (económico, pero también político) del país. Los contratos ya vigentes (y que conceden la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las petroleras) serán respetados, pero se los renegociará, procurando que las compañías extranjeras concesionarias se incorporen a una nueva legislación que, por efecto del referéndum, ya no concedará la propiedad de los hidrocarburos. El SÍ a la pregunta dos no implica la nacionalización de las propiedades de las empresas que operan en Bolivia, pues ésta sería una expropiación, una confiscación.	La pregunta hablaba de “recuperar” y no unos cuantos sino “todos” los hidrocarburos en boca de pozo. Por tanto, el SÍ mayoritario a esta pregunta implica que en los próximos contratos la propiedad de la producción se quede en manos del Estado boliviano, pero también que se revise los contratos actuales, que son contrarios al interés nacional. La revisión de los contratos permitirá que algunos de ellos sean anulados, porque son ilegales; que otros sean cancelados a cambio de una indemnización que debe ser calculada objetivamente y no en base a las exageradas cifras del gobierno y las petroleras sobre inversiones, derechos, etc.; y que, finalmente, algunos sean traspasados al Estado mediante la compra (por parte del fisco) de las acciones de ciertas empresas (como las de Enron en Transredes).

3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las bolivianas y los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena de los hidrocarburos?

Esta respuesta pone en grave riesgo el pago del Bonosol. Es ilegal porque han votado un millón y medio de jóvenes que no tienen derecho a decidir qué hacer con las acciones de las capitalizadas. El retorno del Estado a la producción olvida la amarga experiencia de las empresas públicas (corrupción, adopción de decisiones empresariales irracionales, etc.)	Bolivia usará y atraerá inversión externa, pero mantendrá, al mismo tiempo, una poderosa empresa estatal que fiscalizará la actividad extranjera hasta ahora completamente libre. YPFB será una sociedad anónima mixta, el Estado sólo participará en el directorio y no en las decisiones técnicas. La ley otorgará a esta empresa los mismos derechos y obligaciones que concede a una privada.	Es positivo que volvamos a tener un YPFB capaz de participar en la producción. Ahora hay que luchar porque la nueva ley de hidrocarburos privilegie a esta empresa, en lugar de mantenerse “neutral” frente a ella. YPFB debe crecer gracias a la renegociación, la anulación y la compra de los concesiones actualemente vigentes y no sólo por la inyección de las acciones de las capitalizadas.

4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?

Es bueno que el presidente Mesa use el gas como un instrumento de negociación de nuestra demanda marítima; pero sin correr el riesgo de inviabilizar la exportación al Pacífico a través de un puerto chileno, porque un puerto de esta nacionalidad es el único técnica y económicamente conveniente para tal propósito.	El presidente Mesa debe hacer valer el respaldo que el SÍ le concede para aproximar a Bolivia a la obtención de “cualidad marítima”. Hay que cambiar gas por un corredor con soberanía en el norte chileno.	Este respaldo al presidente Mesa de ninguna forma puede implicar la elección de un puerto chileno para la exportación de LNG boliviano, mientras Chile no ceda una franja soberana de acceso al océano Pacífico.

5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que:
• cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos;
• fomente la industrialización del gas en territorio nacional;
• cobre impuestos y/o regalías a las emoresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país;
• destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?

Bolivia necesita exportar gas para progresar. Lamentablemente la pregunta está condicionada a una elevación de regalías e impuestos a las petroleras, hasta un 50 por ciento del valor de la producción, que podría ahuyentar a las compañías y meter al país en pleitos internacionales.	Bolivia necesita exportar, pero debe hacerlo en condiciones que aseguren que el beneficio se comparta por igual entre las empresas y el Estado, y que los hidrocarburos sean la base de un desarrollo industrial. Aun con regalías e impuestos del 50%, las compañías tendrán un margen razonable de utilidades.	Exportar está bien, pero tendría que ser en beneficio de los bolivianos. Un 50 por ciento del valor de la producción —que además es el tope al que se pretende llegar (por eso la pregunta dice “hasta”) y no lo que se cobrará de inmediato— es menos de lo que podría obtenerse con la nacionalización.

¿Cómo interpretarán el NO?