1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?
2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?
3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las bolivianas y los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena de los hidrocarburos?
4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?
5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que:
• cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos;
• fomente la industrialización del gas en territorio nacional;
• cobre impuestos y/o regalías a las emoresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país;
• destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?

Una respuesta que “abroga” las demás

Esta es la más peligrosa posibilidad de voto cruzado de la consulta. Si el NO triunfara en la primera pregunta, debería mantenerse la Ley de Hidrocarburos 1689, actualmente vigente, con lo que ya no estaría en cuestión la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo (pregunta dos), la participación de YPFB en la industria de los hidrocarburos (pregunta tres), etcétera. El presidente Mesa lo ha dicho de manera inmejorable: responder NO a la primera pregunta, ha señalado en la tv., “es lo mismo que responder NO a todas las otras”.
Si a causa del NO mayoritario a la primera pregunta se mantuviera la política de hidrocarburos vigente, es obvio que no tendría caso diseñar —con las demás respuestas— una nueva política petrolera contradictoria respecto a la que se habría decidido conservar.
Sabedores de eso, algunos grupos (que la prensa ha identificado, aunque sin decir por qué, con el MNR) han tratado de incitar al voto negativo a esta pregunta usando malas artes, esto es, haciendo creer a los sectores menos informados que la palabra “abrogar” que aparece en la pregunta significa en realidad “aprobar”. De este modo, calculan, la mayoría votará por el NO a fin de no “aprobar” una ley del desprestigiado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Lo más curioso de esta situación es que la pregunta número uno —que como vemos tiene el potencial de desestabilizar el referéndum completo— fue incluida en la papeleta, según el delegado Francesco Zaratti, como un “relleno”. En el mismo sentido, el presidente de los diputados, Óscar Arrien, declaró que de cualquier manera, con referéndum o sin él, el Parlamento hubiera abrogado la Ley 1689. Por eso, en su opinión, la pregunta número uno es “ociosa”.

La combinación “nacionalizadora”

Esta combinación, como se sabe, ha sido propugnada por el MAS. Implica eliminar la anterior legislación petrolera (SÍ a la pregunta uno), recuperar la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo —con o sin renegociación de los actuales contratos petroleros, que es otra discusión— (SÍ a la pregunta dos), refundar YPFB (SÍ a la pregunta tres); y al mismo tiempo: no negociar una salida para el gas a través de Chile (NO a la pregunta cuatro) y no exportar el gas (NO a la pregunta cinco). Esta es la combinación más nacionalista, estatista y más orientada a debilitar a las transnacionales que podría hacerse espacio en este referéndum de márgenes estrechos. Si triunfara indicaría que, pese a la intención oficialista de asegurar el SÍ para todas las preguntas, el MAS habría logrado establecer su propia alternativa. Sería una gran victoria para este partido.

La combinación “bonosolista”

Podemos llamar esta combinación “bonosolista”, porque ha sido propugnada por un sector del MNR, con el argumento de defender el bonosol. Según esta posición, la refundación de YPFB mediante la recuperación de las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas (lo que se traduciría en un trueque entre las acciones de YPFB y las acciones de Chaco, Andina y Transredes que son manejadas por las administradoras de fondos de pensiones), evaporaría la rentabilidad del fondo de capitalización colectiva y por tanto perjudicaría gravemente el pago del bonosol. El gobierno ha dicho que no sería así, porque el “nuevo YPFB” también tendría un gran valor.
Esta posición es la oficial del MNR; pero no la única. Otro sector se inclina por la abstención el 18 de julio. Y algunos dirigentes piden un pronunciamiento más integral de este partido.
Si la “combinación bonosolista” triunfara, los efectos serían otros además de la recuperación del buen ánimo emenerrista. En tal caso se presentaría una contradicción entre la mayoría obtenida (hipotéticamente) por el SÍ en la pregunta dos, y la negativa a la refundación de YPFB. El SÍ a la pregunta dos exigiría que YPFB controlara la producción, los precios y la distribución, que regulara la exportación y que incentivara la industrialización de los hidrocarburos (pues para esto, se dice, Bolivia “recuperará la propiedad” de los mismos); mientras que, simultáneamente, el NO a la pregunta tres quitaría a YPFB la posibilidad de capitalizarse con las acciones de las capitalizadas, y por tanto de cumplir con cierta eficiencia las nuevas tareas asignadas.

La combinación “suma cero” (1)

Esta combinación es parecida a la primera aquí reseñada. La respuesta NO a la pregunta cinco anula la respuesta SÍ a la pregunta cuatro. Porque, si se decide que Bolivia no exportará (NO a la cinco), entonces, ¿cómo usar el gas para negociar con Chile? (SÍ a la cuatro). Aunque este país ofreciera una franja soberana, de cualquier forma no podríamos usar el gas para compensar su concesión, porque este recurso, por decisión popular, habría sido destinado exclusivamente al consumo interno.
El NO a la pregunta cinco también causaría un conflicto jurídico muy serio para los proyectos de exportación actuales, esto es, la venta de gas a Brasil y Argentina. Y aunque el gobierno dijera que el referéndum “no tiene efecto retroactivo”, y por tanto los contratos de exportación en vigencia debieran mantenerse, no faltarían argumentos en sentido de que, siendo la exportación un acto que se repite una y otra vez (cada día al mandar al extranjero una cantidad de gas y otra de hidrocarburos líquidos por medio de ductos), entonces el mandato del referéndum puede y debe aplicarse a los envíos posteriores al miércoles 4 de agosto (fecha en la que se conocerán los resultados oficiales de la consulta). No habría, según quienes así argumentaran, en tal caso, ninguna retroactividad legal.

La combinación “suma cero” (2)

Esta es una combinación inversa a la anterior. Aquí la respuesta NO a la pregunta cuatro afecta (aunque no anula) la validez de la respuesta SÍ a la pregunta cinco. Aunque con esta respuesta afirmativa se habría decidido que Bolivia está autorizada a exportar sus hidrocarburos, en caso de que el destino fuera los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo podría materializarse la exportación cuando al mismo tiempo se habría prohibido expresamente a los gobiernos bolivianos el usar el gas como un instrumento de negociación con Chile?

Los números del referéndum

Generalidades
• El 17 de julio, un día antes del referéndum, el presidente Carlos D. Mesa cumplirá nueve meses como Presidente de Bolivia.
• 80% de los bolivianos apoya el referéndum, según el gobierno.
• 70.000 firmas habrían conseguido reunir la Coordinadora del Gas y la Central Obrera Boliviana en su campaña por la nacionalización del gas, según la entidad sindical.
• 3.778.337 dólares es el presupuesto asignado a la Corte Nacional Electoral para la realización del referéndum, provenientes de la Corporación Andina de Fomento, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y algunas ONG.
• 1.000.000 de dólares es el presupuesto con que se lleva adelante la campaña de información “Te toca a ti”.
• 4,7 millones de papeletas se mandaron a imprimir para la votación.

Votantes

• 4.458.289 ciudadanos están inscritos y habilitados para votar.
• 51,55% (2.298.390) son varones.
• 48,44% (2.159.899) son mujeres.
• 71,77% de la población votante está inscrita en los tres departamentos del eje troncal.
La Paz y El Alto tienen la mayor cantidad de inscritos con 1.387.404 ciudadanos (31,12%); luego están Santa Cruz con 1.038.425 (23,29%); Cochabamba con 773.817 (17,36%); Potosí con 362.855 (8,14%); Chuquisaca con 264.804 (5,94%); Oruro con 221.016 (4,96%); Tarija con 215.350 (4,83%); Beni con 167.686 (3,76%) y Pando con 26.932 ciudadanos inscritos (0,6%).
• 1.537 mujeres en todo el país se inscribieron con su libreta de servicio militar, frente a 157.400 varones.
• 3.560.857 ciudadanos se inscribieron con cédula de identidad.

Seguridad

• 6.000 policías (entre jefes, oficiales, clases y tropa) serán movilizados en todo el país para vigilar por la seguridad del referéndum.
• 48 horas antes del referéndum los policías realizarán patrullajes y rondas por toda la ciudad.
• 24 horas antes, los policías vigilarán específicamente los recintos de votación, para prevenir desmanes.
• 1.000 efectivos policiales controlarán la realización de los comicios en las cárceles del país. Especiales medidas de seguridad se asumirán en Palmasola (Santa Cruz), San Pedro (La Paz) y San Antonio (Cochabamba).
• 6.768 reclusos en todo el país están habilitados para votar.

Recintos electorales

• Más de 4.000 recintos electorales funcionarán en todo el país.
• 20.606 mesas de votación serán instaladas en todo el país.
• Más de 164.000 harán de jurados electorales.
• Se designaron 8 jurados por mesa de votación (5 titulares y 3 suplentes).
• 8 horas continuas estarán abiertas las mesas de sufragio (comienzan a las 8 de la mañana).
• 1.640.000 bolivianos es el monto que se pagará a los jurados electorales en lugar del refrigerio (10 bolivianos para cada uno).

Sanciones *

• Bs. 150 de multa recibirán los ciudadanos que no se hubieran inscrito en el padrón electoral.
• Bs. 600 para los ciudadanos que inciten o realicen manifestaciones, reuniones en las proximidades de las mesas de sufragio o en los plazos expresamente prohibidos por Ley.
• Bs. 150 para quienes se hubieran inscrito con nombres falsos o incompletos.
• Bs. 150 y tres días de cárcel para los funcionarios electorales que no dieran a conocer oportunamente violaciones a las normas electorales, de las que tengan conocimiento durante el desarrollo del proceso electoral.
• Bs. 200 para el funcionario o servidor público, judicial o empleado bancario o de empresa del sector público o privado, que no exija el certificado de sufragio para cualquier acto o trámite dentro de los noventa días después de la elección, que será descontado directamente de su haber mensual.
• Bs. 150 para los Jurados Electorales que no asistieron a las juntas de jurados convocadas por el Juez o la Corte Departamental Electoral.
• Bs. 200 y tres días de arresto para los jurados electorales que no se presenten en sus mesas el día del referéndum.
• Bs. 250 para el Notario Electoral que hubiera inscrito a un ciudadano sin asentar en la partida todos los datos requeridos.
• Bs. 250 para el notario electoral que hubiera omitido enviar oportunamente a la Corte Departamental Electoral la nómina de ciudadanos inscritos, para su incorporación al listado del padrón electoral.

* Las multas provenientes de las infracciones descritas en la presente resolución serán depositadas en las cuentas bancarias de la Corte Nacional Electoral.