Hace varias semanas se realizó en la sede de la UNESCO, en París, el Coloquio sobre 'Cultivos de uso ilícito en la región andina'. Fue un espacio en que los países europeos evaluaron el por qué del fracaso delas políticas de erradicación. Allí habló Alain Labrousse.

La legalización en la agenda

Negocio de las drogas debe ser monopolio del Estado

Semana, colombia

Alain Labrousse, especialista mundial en el tema de las drogas habló sobre las relaciones entre los grupos ilegales armados y el narcotráfico con Olga Lucía González del Grupo sobre Actualidad Colombiana (GAC):

—¿ Cuál es la particularidad del negocio de las drogas en la Región Andina frente a otras regiones del mundo?
Veo tres características. La primera es que una parte de la producción de hoja de coca es legal: se destina al consumo interno. Es así en Perú y Bolivia y en las zonas indígenas de Colombia. El segundo aspecto tiene que ver con la especialización de la droga en las organizaciones criminales. La tendencia mundial es el politráfico. Es el caso en Marruecos, Afganistán, Pakistán o de la mafia italiana, de los yakuzas o de la Tríada china. Hay allí organizaciones especializadas en el tráfico de drogas. Finalmente, la tercera característica es la intervención norteamericana.

—¿ Históricamente, cómo han sido las relaciones de las FARC con la droga?
Las FARC han existido durante 15 años (entre 1964 y 1979) sin tener ninguna relación con las drogas. Cuando llegó el boom de la coca, en zonas como el Guaviare y Caquetá, su primera reacción fue luchar en contra porque decían que era una marca de la degeneración capitalista. Poco a poco entraron a proteger a los campesinos de la erradicación, porque son su base social. Llevaron a cabo una política de la coca, que consistía en pagarles un precio justo a los productores. Pero rápidamente esto implicó iniciar una relación con los compradores y traficantes. Otro elemento en esta relación fue la séptima conferencia de las FARC, donde se fijaron de 8 a 10 años para tomarse el poder. Para eso necesitaban recursos. Por esa razón doblaron los frentes en dirección de las fuentes productivas (como la coca, pero también el oro y el petróleo). Hasta ahora no existen pruebas que demuestren que posean sus propios laboratorios y que tengan redes en el exterior. Ahora bien, moralmente no existe diferencia entre servir de intermediario o producirla ellos mismos. Pero si hubiera pruebas contundentes, se hubieran difundido.

—¿ Históricamente, cómo han sido las relaciones de los paramilitares con la droga?
Con los paramilitares sucede algo completamente diferente: siempre han estado ligados a las drogas. Ni siquiera Carlos Castaño lo niega: él critica a los que se han dedicado únicamente a la droga. Además hay otro factor, y es que los paras controlan los puertos de salida con la ayuda del Ejército, controlando así las redes de exportación. Esto fue confirmado a principios de 2004, cuando se decomisaron 4 toneladas de cocaína en Calabria que eran de Mancuso. Los paramilitares sí están involucrados en laboratorios y redes, sobre esto no hay ninguna duda.

—¿ Existe un modelo explicativo de las relaciones entre los grupos armados al margen de la ley y las drogas?
El modelo es el mecanismo descrito para las FARC y se aplica para otros grupos. En un primer tiempo defienden al campesinado y sacan un impuesto. Luego obtienen un impuesto de los laboratorios, del tránsito, de los traficantes. Finalmente se involucran en la recolección de materia prima, etcétera. En América latina, Sendero Luminoso tuvo más o menos las mismas etapas que las FARC, con una diferencia: hubo corrupción de líderes de esta organización que desaparecieron con el dinero.

—¿ La legalización lograría el cometido de dejar de hacer rentable el negocio de las drogas?
Es evidente que la legalización dejaría de hacer rentable el negocio de las drogas. Económicamente no hay discusión: si se legaliza, se pagaría al precio de un producto agrícola de exportación, de mayor valor que uno de autoconsumo.

—¿ Cómo se organizaría el negocio, a sabiendas de que no se puede popularizar su uso en el Norte?
Personas a favor de la legalización, como Francis Caballero, dicen que debería ser monopolio del Estado. No se puede bajar el precio tanto que se atraiga a jóvenes y marginados. Un precio razonable sería de 10 euros por gramo, mientras que el costo de producción no llegaría a un centavo de euro. Aun si hubiera un mercado paralelo, no sería tan rentable.
Las experiencias de otros países dicen algo: en Bolivia, el mercado ilegal es el que mantiene los precios del mercado legal. En Turquía existe únicamente producción legal de amapola. Los campesinos no transforman la amapola en opio. Tallan las plantas y las envían a procesar a otra parte, y esto se hace con máquinas. Los campesinos no participan en la transformación. En la India existe una producción legal de amapola y una ilegal. La razón es que se les permitió a los campesinos rayar la amapola y cosechar opio, por lo que hay una desviación hacia el mercado ilegal.