JUSTICIA COMUNITARIA

Señor Director:

COCHABAMBA.— El ajusticiamiento de Benjamín Altamarino, alcalde de la población altiplánica de Ayo Ayo, por un grupo de pobladores enardecidos que, después de torturarlo lo quemaron en la plaza principal de esa población campesina a nombre de la “justicia comunitaria”, es una muestra inequívoca de cómo la práctica irracional del linchamiento en nuestra sociedad se está generalizando peligrosamente como un mecanismo de “control social” para solucionar o escarmentar el delito a través de la pena de muerte de facto.
En los últimos tiempos, desde las pantallas de televisión parece existir una corriente de opinión de algunos analistas sociales o de comentaristas televisivos, como Alvaro García Linera o Cecilia Barja, o de líderes campesinos, como Felipe Quispe, propensa a buscar una explicación ancestral a estos hechos de irracionalidad social vinculándola a la justicia comunitaria, es decir a “los usos y costumbres del pueblo aymara”.
Con este tipo de afirmaciones parece darse una falacia, ya que la justicia comunitaria en estos pueblos indígenas es de carácter “moralista”: el infractor es sometido a una sanción moral y simbólica y no así a un castigo físico que tenga como resultado la “muerte”. La “muerte” del otro en las comunidades indígenas tiene otras connotaciones rituales, como en el tinku, y no es la acción cobarde y salvaje del linchamiento.
Asimismo, la justicia comunitaria no tiene las dimensiones de brutalidad y de cobardía que caracteriza a un linchamiento como define el jurista G. Cabanellas, que expresa que el linchamiento “es la forma popular, colectiva y tumultuaria de ejecutar la justicia, satisfacer una venganza o plasmar una aversión, dando muerte, calificada de ejecución de la pena capital, sin esperar el pronunciamiento de fallo condenatorio del tribunal competente o como reacción contra la considerada cual absolución improcedente”.
El linchamiento, entonces, no forma parte de aquellos códigos culturales ancestrales de la cultura andina, y tampoco es resabio de sus “usos y costumbres”. El caso del alcalde de Ayo Ayo, por su modus operandi, secuestro de por medio, y de sus móviles partidarios, responde más bien a una disputa política de cuño occidental y de una cultura autoritaria que prevalece en determinados dirigentes políticos de algunos municipios de nuestro país.
En todo caso, la muerte como mecanismo sancionador de las infracciones forma parte de otras culturas, como es el caso actual de la cultura norteamericana, ya que en varios estados norteamericanos existe la pena de muerte.
Lo que nos debe preocupar en Bolivia es el aumento de los casos de linchamiento; su práctica se ha cotidianizado, particularmente en las zonas marginales de los centros urbanos, lo que revela que nuestra sociedad está transitando por un sendero peligroso hacia la anomia social. Guatemala y Bolivia comparten los primeros lugares de los casos de linchamiento en América Latina. Según una investigación realizada en Bolivia, el año 2002 ocurrieron en nuestro país 21 linchamientos, casi todos ellos en áreas urbanas. En varios casos se comprobó después que las víctimas eran inocentes, y solamente existe la sanción jurídica de un caso de linchamiento.

Yuri F. Tórrez sociólogo, actualmente elaborando el libro ¿Por qué doblan las campanas?:
El fenómeno del linchamiento en Cochabamba.”

VENTANA SEDUCTORA

Señor Director:

La foto publicada con el pie “¿A quién seduce y a quién hiere? en la última edición de PULSO merece, a mi parecer, mayor atención. Se trata de una gigantografía que promociona la educación que supuestamente ofrece una universidad privada, elaborada con absoluta falta de criterio, bajo el eslogan “¿De qué lado de la ventana quiere que estén sus hijos?” El cartel está instalado en el centro de la ciudad (muy cerca de la UMSA) desde hace ya bastantes meses y me pregunto si las autoridades de Univalle no se han percatado hasta ahora de la barbaridad que difunden a través de ese anuncio.
El aviso dice también “excelencia en formación académica”. ¿Es posible creer tal patraña si desde la propia universidad se comete semejante falta de respeto hacia aquellos que ejercen oficios tan o más nobles que cualquier licenciatura? El trabajo, mientras sea honrado y lícito, no requiere de títulos, primero porque probablemente la mayoría de los jóvenes de este país no puede pagar la matriculación en una universidad privada y, pasando por infinidad de razones, porque sencilla y llanamente, la gente puede trabajar en lo que prefiera, lo que no implica la obligación de estudiar en una universidad, que es tan sólo una opción más.
Como son las cosas en Bolivia, me animo a conjeturar que si la realidad nos ofrece (seguro lo hace) casos como el que ilustra el mentado cartel, el que se halla detrás de la ventana tiene valores más cuestionables que el que se encuentra afuera, limpiando el vidrio. Lamentablemente, ese es el sentimiento que provocan los que ostentan su formación y sus posesiones.
Creo que en la vida hay que partir de la premisa de tener buena fe. No se hiere por simple maldad, es decir, no se promovería la discriminación con la intención que demuestra el aviso de Univalle, sobre todo si se considera una institución de alto nivel en educación, que entiende la realidad boliviana y se percata que ahora más que nunca lo que necesitamos es la unión, la solidaridad y el respeto mutuos.
Confío, por tanto, en que la Universidad del Valle enmendará su error. No hacerlo significaría promover la discriminación en aquellos que “están dentro” y un resentimiento totalmente justificado en los que “están fuera”.
La discriminación no nace, se hace, y he aquí un claro ejemplo.

Isabel Navia Quiroga
Comunicadora Social