El SI a la segunda pregunta del referéndum, dice el autor, permitiría investigar a las empresas sobre la legalidad de los contratos y su cumplimiento, y, según los casos, “recuperar” los hidrocarburos sin confiscación, sin indemnizaciones injustas y sin la mala propaganda de las empresas en el ámbito internacional contra Bolivia.

NACIONALIZACIÓN, CONFISCACIÓN O RECUPERACIÓN

Bernardo Corro Barrientos

Aunque no es la primera vez en la historia de Bolivia, siempre es sorprendente ver cómo los extremos se juntan cuando se trata de tomar decisiones políticas importantes para la vida nacional. Este fenómeno puede ser otra vez constatado en la actitud ambigüa y extremista de algunos sectores y partidos respecto del próximo referéndum. Algunos piden la nacionalización y confiscación inmediata de los hidrocarburos; pero, en el fondo, pueden estar tratando de conseguir todo lo contrario.
Muchas veces, lamentablemente, la acción de estos extremos logró crear situaciones graves y durables para el país. En 1971, por ejemplo, la acción irresponsable de la izquierda extremista contra el gobierno del general Torres hizo posible que la derecha diera un golpe de Estado sangriento para tomar el poder. Este régimen duró más de siete años. En 1985, igualmente, las demandas desmesuradas de la izquierda y del anarcosindicalismo, constituyeron el motivo para tomar las decisiones plasmadas en el decreto supremo 21060. Este régimen duró más de 20 años.

Posiciones contraproducentes

Actualmente se observa lo mismo. Existen sectores populistas de izquierda y de derecha que rechazan el referéndum y exigen, mediante acciones agresivas, que se nacionalice y se confisque de inmediato el sector de hidrocarburos. Estas exigencias pueden tener consecuencias peligrosas y negativas para el futuro nacional. No sería de extrañar que con estas exigencias delirantes se busque simplemente lograr solapadamente lo contrario.
Nacionalizar de inmediato y confiscar los activos de las corporaciones del sector de hidrocarburos o, mediante el referéndum entendiéndolo en esa dirección —que no es la del gobierno de Carlos Mesa—, tendría consecuencias fuertemente negativas para la economía nacional. Las empresas transnacionales, paradójicamente si se quiere, verían la medida expropiatoria con sumo agrado, ya que de ese modo podrían recuperar anticipadamente la inversión realizada vía indemnización. Mediante tribunales internacionales, de otro lado, se proceda por la expropiación o por la confiscación de las empresas, éstas podrían obtener grandes compensaciones y ganancias, en detrimento de los escasos recursos del país. Otra consecuencia negativa sería el desprestigio del país ante inversionistas y financiamientos externos, aparte de lo que afectaría a las relaciones de Bolivia con organismos internacionales como el FMI y el BM, ante los cuales —y con ellos casi la totalidad de los demás— el país ingresaría a una lista negra de inelegibilidad para todo tipo de préstamos o ayudas.

SI a la 2da. pregunta

Lo más conveniente, para evitar estos problemas, sería que el pueblo se pronuncie en el referéndum por la “recuperación” de los hidrocarburos, es decir, contestando SI a la segunda pregunta. Este recurso daría al gobierno la legitimidad necesaria para investigar a las corporaciones de dicho sector respecto, por una parte, a la legalidad de los contratos de riesgo compartido y, por otra parte, respecto a su cumplimiento. Si se establece que los contratos son incorrectos, o que no fueron cumplidos, entonces se puede proceder a la recuperación del sector de hidrocarburos sin necesidad de “nacionalización”o de confiscación, lo que permitiría evitar indemnizaciones injustas y la mala propaganda de las empresas en el ámbito internacional contra Bolivia.

Bernardo Corro Barrientos es analista institucional y económico
bercorro@yahoo.com

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